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La parálisis de la justicia: una amenaza para el Estado de Derecho

FECHA: 18/09/2020
AUTOR(es): Omarela Depablos

La pandemia vino a profundizar los problemas de acceso a la justicia. Los tribunales llevan seis meses parados y los venezolanos sobreviven sin derecho al debido al proceso. Expertos afirman que ser una sociedad impune sería un escenario muy desalentador

La administración de justicia en Venezuela también está confinada. El “Estado de Alarma”, decretado el pasado 13 de marzo por la administración de Nicolás Maduro, implicó el cierre temporal de los tribunales, registros y notarías. Desde entonces, la ausencia de procesos relacionados a la justicia, pone en duda la existencia de un régimen democrático en el país.

Las medidas implementadas en el contexto de la Covid-19 paralizaron las negociaciones y resoluciones de conflictos legales entre civiles. Así que, desde hace seis meses, el ciudadano común sobrevive sin derecho al debido proceso. Sin la protección judicial del Estado.

Recién en el mes de septiembre empezaron a operar los registros y notarías. Mientras que la justicia virtual funciona a duras penas en tres estados del interior del país.

De acuerdo con la resolución 006-2020 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), algunos despachos judiciales están habilitados para mediar “asuntos urgentes”. Sin embargo, los parámetros para aplicar a estos casos no están reflejados en el documento. Tampoco, en otra plataforma, lo que abre las puertas a la discrecionalidad.

El abogado Aníbal Ruiz explica que, aun cuando el TSJ ha registrado un total de 41.832 audiencias de presentación y 3.590 audiencias preliminares en los últimos seis meses, se desconoce cómo se realizaron estos procedimientos.

El experto deja ver que esas causas urgentes pudieron ser procesadas “a través de intereses ajenos a lo que debería ser una justicia ordinaria”. Lo que, a su juicio, evidencia la carencia de seguridad jurídica para el ciudadano común.

En ese sentido, el politólogo Rommer Ytriago se atreve a catalogar esta problemática como parte de la ausencia del Estado de Derecho. El especialista se basa en la premisa de que, en un sistema político democrático, el acto de impartir justicia es una de las garantías de la que Estado y Gobierno se tiene que ocupar.

“El gobierno debe ser garante de la constitución y las leyes de la república, del equilibrio del sistema político y del desenvolvimiento de un Estado armónico y engranado. Sin justicia no existe el Estado de Derecho y, por consiguiente, el goce de libertades y derechos civiles”, explica Ytriago.

La ONG Acceso a la Justicia expresó su preocupación, a través de un comunicado, de que los sucesivos decretos no fueran más que una excusa para que “el Estado no garantice el acceso a los órganos de justicia, el debido proceso y la libertad personal”.

En opinión de Ruiz, este sistema impune podría acarrear un gran riesgo: que el ciudadano tome la justicia por sus propias manos. “Las personas podrían decidir solucionar sus problemas a través de la violencia con discusiones domésticas, peleas familiares e intento de recuperación de bienes por la fuerza. Tuve un caso de un socio-propietario que, sin ningún tipo de inhibición, sacó bienes del negocio”.

 “Justicia online”

La tecnología se volvió un aliado fundamental para la justicia, en medio de una emergencia sanitaria que obliga a la sociedad a mantenerse en casa.

La abogada Cecilia Acosta menciona el ejemplo de Estados Unidos, donde las audiencias son virtuales y los jueces, abogados y clientes se comunican de manera online. Países latinoamericanos, como Brasil, Chile y Colombia, también se han sumado a esta modalidad.

En Venezuela, la primera audiencia virtual se realizó el pasado 1 de mayo. Mientras que el TSJ inició el 29 de julio un plan piloto para los procesos en la jurisdicción civil, denominado “Despacho Virtual”. Sin embargo, esta iniciativa se ha entorpecido por la ineficacia de los servicios de internet y electricidad.

Los constantes apagones y fallas de conexión impiden que los procesos se desarrollen de manera efectiva. De ahí que la ONG Acceso a la Justicia advirtió que se deben buscar alternativas.

Acosta hace la salvedad de que los intentos de digitalización del sistema judicial en Venezuela no son recientes. Antes de la llegada de la Covid-19, se emitían notificaciones, carteles y sentencias online en varias entidades.

“Anuncian los reclamos virtuales como si esto nunca hubiera existido en el TSJ. Es algo que ya estaba funcionando. Incluso, a veces no puedes acceder a los expedientes en físico, porque sólo los tienen en digital”, explica.

No obstante, la especialista destaca que estos sistemas suelen presentar fallas y, por tratarse de servidores obsoletos, no están regulados para llevar litigios. Por lo tanto, considera que una solución rápida sería atender los casos que ya estaban abiertos de manera manual.

“Llevarlos a casa y, poco a poco, ir montando los proyectos de sentencia con lapsos de tiempo fijos”, propone Acosta.

Un sistema ineficaz previo a la pandemia

Es un hecho que la justicia venezolana no estaba preparada para una pandemia. Antes de la emergencia, la administración judicial ya era, en palabras de Ruiz, “extremadamente lenta”.

“Un proceso rápido de cualquier naturaleza en este país dura un año, cuando no deberían demorar 3 o 4 meses. Eso sucede porque el sistema judicial no tiene recursos”, asegura el abogado.

A su juicio, involucrarse en una negociación es como comprarse un boleto de lotería. “Cualquier operación comercial e industrial que se realice en el país está permeada de incertidumbre. No sabes cómo te va a ir. Tampoco tienes certeza económica de tus beneficios”, comenta.

Ello explica por qué, después de seis meses con un sistema judicial paralizado, pareciera no haber diferencia en el ejercicio de los derechos.

Por tanto, los expertos exigen una reactivación eficaz del sistema judicial en el contexto de la pandemia Covid-19 y que, una vez termine el Estado de Alarma, se realice una reforma legislativa. Esta última debería servir para agilizar los lapsos procesales, asignar nuevos jueces sin vínculos políticos, capacitar personal, crear un sistema óptimo de acceso a los expedientes e invertir en infraestructura y tecnología. Ello permitirá garantizar un mejor ejercicio de derechos civiles y libertades para los ciudadanos.

Las opiniones y/o conceptos expresados en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente la organización comparte lo expresado.