Omarela Depablos

Periodista

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Inamovilidad laboral en época de pandemia: la crisis de trabajadores y empresas

FECHA: 29/05/2020
AUTOR(es): Omarela Depablos

La inestabilidad política, social y económica en el país ha puesto cuesta arriba las operaciones del sector privado. Ahora, en medio de una crisis de salud por una pandemia y con casi 90 días en confinamiento la inamovilidad laboral, prorrogada desde hace 18 años, podría implicar un mayor desafío para la vida empresarial y laboral en Venezuela.

Desde hace casi dos décadas la inamovilidad laboral forzosa se encuentra vigente. En el 2002 fue establecida bajo el Decreto Nº 4.167, publicado en la Gaceta Oficial por el ex presidente Hugo Chávez.

Esta figura jurídica se ha prorrogado en 26 oportunidades, la última en 2018. Si bien fue prolongada hasta el 31 de diciembre del 2020, el pasado 23 de marzo fue ratificada por la administración de Nicolás Maduro como parte del nuevo paquete de medidas económicas en el marco del “Estado de Alarma”, decretado el 13 de marzo, para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que incluye entre otras decisiones la flexibilización en el pago de alquileres, de créditos así como intereses moratorios y un plan especial de pago de nóminas.

Como parte de una doctrina política que pretende promover la igualdad de condiciones entre el empleado y el empresario, el Decreto se ratifica “a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo”. De esta manera, los empleados no podrán ser despedidos o desmejorados de sus puestos de trabajo sin alguna falta justificada en el artículo 79 de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras (LOTTT). No obstante, expertos y portavoces de gremios empresariales de Venezuela coinciden que la medida ha resultado contraproducente para la economía del país.

Desde el 2011 instituciones como Fedecámaras expresaron su preocupación por la prórroga continua de la inamovilidad laboral en Venezuela, voceros argumentan sus efectos negativos sobre la competencia así como en meritocracia de los empleados y en consecuencia en el desempeño de la compañía. La abogado Olivia Rizo, especialista en derecho laboral, destaca el proceso de desincorporación de empleados, detallado en el artículo 422 de la LOTTT, como otro obstáculo en el desarrollo empresarial, dado el costo que podría implicar.

“Si el patrono ejerce su acción de calificación de falta para poder despedir al trabajador, necesita representación legal, es decir, un gasto. Y mientras dure el proceso de calificación de la inspectoría de trabajo, el cual actualmente tiene un retardo de dos años, el patrono debe seguir pagando al trabajador”, resalta. El resultado de este procedimiento que prefiere denominar como el encarecimiento del despido,  tiende a perjudicar la producción de la organización.

Así mismo, Rizo reluce la incompetencia de la figura jurídica con el retiro masivo de empresas privadas y despido de trabajadores en los últimos años. De acuerdo a estimaciones de Conindustria más de 10.000 industrias cesaron operaciones en los últimos 22 años. De 1997 al 2019 Venezuela redujo su parque industrial en un 82%, ya que pasó de 12.471 a 2.406 establecimientos privados consolidados.

Por otra parte, en 2013, cuando el país contaba con 6.448 empresas, la tasa de desempleo aumentó un 5,8%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y desde entonces, ha ido incrementando. Para el 2018 el nivel de desocupación laboral se ubicó en 35% la cifra más altas de Latinoamérica.

Según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), para el 2019 Venezuela alcanzaría un índice de paro de 47,2% y en 2020 de 50,5%. Cifras alarmantes las cuales evidencian que la inamovilidad laboral no ha hecho más que mal proteger al trabajador. Como explica Rizo, los empleados que deberían gozar de este beneficio son aquellos que ameriten de una protección especial, por ejemplo, una mujer embarazada.

Un espiral de desgaste

Entre el colapso de la producción petrolera, la caída del producto interno bruto, la falta de acceso para obtener financiamiento, agravado en los últimos años por la hiperinflación, el escaso flujo de caja, el deterioro de los servicios públicos y la distorsión cambiaria, el sector empresarial privado se ha visto envuelto en una crisis económica, que pareciera no cesar.

Ahora, con la llegada del Covid-19, que hasta la fecha ha tomado más de 350 mil vidas en el mundo y once en el país, la inamovilidad laboral actúa como otro factor cómplice del quiebre económico, en medio de una cuarentena.

Venezuela ya enfrentaba un escenario complejo en su sector empresarial. Incluso, una previsión realizada antes del mes de marzo por Conindustria estimaba que este año 43% podría dejar de operar en el 2020, así lo aseguro el presidente de la organización el presidente Adán Celis. Actualmente, según la organización el sector industrial solo funciona en un 21% de su capacidad instalada y únicamente el 30% del soportaría la cuarentena.

Un daño inevitable

Aún cuando las medidas de “distanciamiento social” son indispensables para frenar la propagación del Covid-19, el confinamiento condenó al mundo a una recesión económica, la más grande desde la Gran Depresión. Las economías de las naciones como Estados Unidos, China, Italia, Francia, Brasil y España, que no estaban preparadas para la parálisis empresarial, reportan una caída abrupta del PIB y el aumento de las tasas de desempleo durante el primer trimestre del 2020. Ante esta problemática, la mayoría  inició la reactivación económica, mediante un proceso progresivo de desescalada.

El economista Aarón Olmos asegura que la inamovilidad laboral en tiempos de confinamiento sentencia un escenario preocupante para el sector industrial de Venezuela.  “El hecho de que las empresas tienen dos meses pagando sueldos y salarios a sus trabajadores, sin que necesariamente  estén generando bienes y servicios. Bienes y servicios que igualmente son remunerados, de sus trabajos sale ese dinero. Esto se asume en el hecho que el empresario está en una situación en la que no está generando ingresos, pero tiene que pagar la nómina. Esto supone que los costos variables siempre van a estar ahí”, describe Olmos.

Pero las lesiones en la economía venezolana durante casi tres meses de confinamiento ya son tangibles. De acuerdo a los datos de la Asamblea Nacional la inflación del mes de marzo del 2020 registró un aumento en 22.2% y la del mes de abril en 80%, ubicando la inflación interanual en 4.210%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a una recesión económica del 15%, una de las más alarmantes en el mundo.

En efecto, las empresas no quedan exentas de la crisis. Un estudio reciente del Observatorio Digital de la Productividad de Fedecámaras sobre las consecuencias del Covid-19 y el “Estado de Alarma” en el sector privado reveló que 62,83% de las compañías no están operativas, 29% opera con horario restringido y un 8,18 % en horario regular. De las 269 empresas encuestadas solo 65% manifestó podría permanecer abiertas en un lapso de seis meses, 26% de una a cuatro semanas, 9% de seis meses a un año y solo 8 % indicó tendría la capacidad para operar un 1 año o más. Finalmente, el 85,5% afirmó “tener una afectación entre “Muy Alta” y “Alta” debido a la pandemia del Covid-19”.

“En el contexto de la pandemia ya van para tres meses que no están produciendo bienes ni servicios, los empleados están en sus casas, quieren trabajar, no todos están en capacidad”, asegura Olmos, quien destaca que muchas empresas no se han transformado digitalmente y, además, la mayoría de los empleados del país no poseen condiciones para integrar el trabajo a su vida remota, visto que “no tienen equipos, luz, computadoras, lo que hace que la empresa no genere flujo de efectivo, que necesariamente tiene que pagar sueldos y salarios, va contra sus ahorros”.

Lo cierto es que sin una vacuna el país pareciera estar entre la espada y la pared. Si bien las empresas y  trabajadores difícilmente soportarían otros 30 días de confinamiento, el sector sanitario en Venezuela sin condiciones para enfrentar un brote masivo de Covid-19 -reflejado en el último informe de la Universidad Johns Hopkins y la organización Human Rights Watch- podría atentar contra la vida de miles de ciudadanos.

Por otro lado, Osman Quero, presidente de Fedecámaras Portuguesa, afirma que después de 60 días de cuarentena “las pruebas indican que las empresas han logrado mantener a su población nativa, sin que existan casos positivos de Covid-19”. Por lo tanto considera es momento de iniciar una desescalada en el país “a fin de que el sector empresarial pueda cumplir su papel de ofrecer bienes y servicios”.

De igual manera, Conindustria expresa en un comunicado que debido al riesgo irreparable que podría presentar el equilibrio financiero del país el sector industrial manufacturero está preparado para reiniciar paulatinamente sus actividades, siempre se tome en cuenta las medidas pertinentes para salvaguardar la salud de los trabajadores.

Una vez cese el riesgo por el Covid-19, Quero afirma que es necesario elaborar políticas públicas que realmente promuevan la libertad económica y la libre empresa. Menciona que “existe un gran activo en población empresarial y académica, que saben y pueden ayudar en esta crisis, no es con restricciones ni controles que vamos a sacar adelante a Venezuela”.

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