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Inamovilidad laboral en época de pandemia: la crisis de trabajadores y empresas

FECHA: 29/05/2020
AUTOR(es): Omarela Depablos

Desde su decreto hace casi dos décadas, la inamovilidad laboral ha implicado un obstáculo para el desarrollo empresarial. Aún en medio de una crisis por el Covid-19 urge una reactivación definitiva de sector industrial                                                   

“A fin de proteger el derecho del trabajador venezolano” en tiempos de pandemia, la inamovilidad laboral fue ratificada el pasado 23 de marzo por la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, la medida lejos de amparar a los empleados, acelera el quiebre de las industrias del país. Especialmente, durante el confinamiento.

Como explica la especialista en derecho laboral Olivia Rizo, el encarecimiento del despido es una de las consecuencias más alarmante de este decreto.

Sin una falta justificada en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras (LOTTT), el proceso resulta complejo. Según Rizo, además de extenderse hasta dos años, requiere un gasto adicional en asesoría legal.

Mientras dure el proceso de calificación de la inspectoría de trabajo, el patrono debe seguir pagando al trabajador”, afirma Rizo. En un contexto de confinamiento, las empresas difícilmente generan bienes, servicios y salarios para sus empleados. Por lo tanto, hacer un recorte de personal puede resultar aún más contraproducente.                                                             

Si bien la cuarentena fue decretada para evitar la propagación del Covid-19, solo consiguió la parálisis del sistema económico del país. Tras seis meses de su decreto, 69% del sector industrial reportó la caída de sus ventas, según el último informe de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustrias).

Incluso, bajo el esquema laboral rotativo 7+7 implementado hace tres meses, el estudio revela que la operación de los sectores priorizados superó “levemente”  20% de su capacidad.

Solo 21% de las empresas optaron por la reducción del personal para mantener el equilibro económico durante la emergencia nacional. En este sentido, como afirma el economista Aarón Olmos, la mayoría de las empresas se ven obligadas a ir en contra de sus ahorros para pagar los sueldos a sus empleados y así evitar la clausura.

Otro elemento que destaca Olmos es el atraso digital de las empresas venezolanas. Asegura que la mayoría de los empleados del país no poseen condiciones para integrar el trabajo a su vida remota, visto que no tienen equipos, luz, computadoras”.

Un decreto ineficaz y perjudicial

Como parte de una doctrina política que pretende promover la igualdad de condiciones entre el empleado y el empresario, la inamovilidad laboral fue decretada en el 2002 por el ex presidente Hugo Chávez.

Desde esa fecha la incompetencia de esta figura jurídica ha sido visible con el retiro masivo de empresas privadas y despido de trabajadores en los últimos años.

Fue a partir del 2011, que instituciones como Fedecámaras expresaron su preocupación por la prórroga continua de la inamovilidad laboral y por los efectos negativos sobre la competencia y meritocracia de los empleados.

De acuerdo con estimaciones de Conindustria más de 10.000 industrias cesaron operaciones en los últimos 22 años. De 1997 al 2019 Venezuela redujo su parque industrial de 12.471 a 2.406 establecimientos privados consolidados.

Por otra parte, en 2013, cuando el país contaba con 6.448 empresas, la tasa de desempleo aumentó un 5,8%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).  Desde entonces, ha ido incrementando. Para el 2018 el nivel de desocupación laboral se ubicó en 35% la cifra más altas de Latinoamérica.

Según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), para el 2019 Venezuela alcanzaría un índice de paro de 47,2% y en 2020 de 50,5%. Cifras alarmantes que evidencian que la inamovilidad laboral no ha hecho más que mal proteger al trabajador.

Como explica Rizo, los empleados que deberían gozar de este beneficio son aquellos que ameriten de una protección especial, por ejemplo, una mujer embarazada.

Una crisis que no cesa

Las lesiones en la economía venezolana durante seis meses de confinamiento ya son tangibles. De acuerdo a los datos de la Asamblea Nacional la inflación del mes de julio del 2020 registró un aumento de 25%, para un acumulado interanual de 3 078 %.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a una recesión económica del 15%, una de las más alarmantes en el mundo.

En efecto, las empresas no quedan exentas de la crisis. Una previsión realizada antes del mes de marzo por Conindustria estimaba que 43% de las empresas del país podría dejar de operar en el 2020.

Un daño inevitable

Aún cuando las medidas de “distanciamiento social” son indispensables para frenar la propagación del Covid-19, el confinamiento condenó al mundo a una recesión económica, la más grande desde la Gran Depresión. Las economías de las naciones como Estados Unidos, China, Italia, Francia, Brasil y España, que no estaban preparadas para la parálisis empresarial, reportan una caída abrupta del PIB y el aumento de las tasas de desempleo durante el primer trimestre del 2020. Ante esta problemática, la mayoría  inició la reactivación económica, mediante un proceso progresivo de desescalada.

El economista Aarón Olmos asegura que la inamovilidad laboral en tiempos de confinamiento sentencia un escenario preocupante para el sector industrial de Venezuela.  “El hecho de que las empresas tienen dos meses pagando sueldos y salarios a sus trabajadores, sin que necesariamente  estén generando bienes y servicios. Bienes y servicios que igualmente son remunerados, de sus trabajos sale ese dinero. Esto se asume en el hecho que el empresario está en una situación en la que no está generando ingresos, pero tiene que pagar la nómina. Esto supone que los costos variables siempre van a estar ahí”, describe Olmos.

Pero las lesiones en la economía venezolana durante casi tres meses de confinamiento ya son tangibles. De acuerdo a los datos de la Asamblea Nacional la inflación del mes de marzo del 2020 registró un aumento en 22.2% y la del mes de abril en 80%, ubicando la inflación interanual en 4.210%. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta a una recesión económica del 15%, una de las más alarmantes en el mundo.

En efecto, las empresas no quedan exentas de la crisis. Un estudio reciente del Observatorio Digital de la Productividad de Fedecámaras sobre las consecuencias del Covid-19 y el “Estado de Alarma” en el sector privado reveló que 62,83% de las compañías no están operativas, 29% opera con horario restringido y un 8,18 % en horario regular. De las 269 empresas encuestadas solo 65% manifestó podría permanecer abiertas en un lapso de seis meses, 26% de una a cuatro semanas, 9% de seis meses a un año y solo 8 % indicó tendría la capacidad para operar un 1 año o más. Finalmente, el 85,5% afirmó “tener una afectación entre “Muy Alta” y “Alta” debido a la pandemia del Covid-19”.

Urge un plan de reactivación económica eficaz

Lo cierto es que sin una vacuna el país pareciera estar entre la espada y la pared. Solo el 58% del sector empresarial afirmó podría mantenerse en capacidad de honrar nóminas a sus empleados en medio de la coyuntura Covid-19, según el último informe de Conindustria.

Si bien las empresas y trabajadores difícilmente soportarían otros 6 meses de confinamiento, el sector sanitario en Venezuela sin condiciones tampoco está preparado para enfrentar un brote masivo de Covid-19.

Osman Quero, presidente de Fedecámaras Portuguesa, afirma que después de los primeros 60 días de cuarentena las pruebas indican que las empresas han logrado mantener a su población nativa, sin que existan casos positivos de Covid-19”. 

Y pese a que seis meses después, la cifra de contagiados en Venezuela se ubica en casi 55.000 contagiados, considera es momento de iniciar una desescalada definitiva en el país a fin de que el sector empresarial pueda cumplir su papel de ofrecer bienes y servicios, tomando las medidas de seguridad para salvaguardar a los trabajadores”.

Pues, aún bajo el esquema rotativo 7+7, no es suficiente. Felipe Capozzolo presidente de Consecomercio afirmó en una rueda de prensa que “una semana no es suficiente para atender costos, gastos y nóminas de nuestros colaboradores y hay muchas industrias que por su naturaleza no pueden parar sus procesos”.

Una vez cese el riesgo por el Covid-19, Quero manifiesta que es necesario elaborar políticas públicas que realmente promuevan la libertad económica y la libre empresa. Menciona que existe un gran activo en población empresarial y académica, que saben y pueden ayudar en esta crisis, no es con restricciones ni controles que vamos a sacar adelante a Venezuela”.

 

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