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«Elecciones» vs «Consulta Popular»: una encrucijada para la democracia venezolana

FECHA: 05/12/2020
AUTOR(es): Omarela Depablos

Las opciones para alcanzar un gobierno democrático en Venezuela son cada vez más limitadas. Sin condiciones óptimas para realizar un proceso electoral ni estrategias definidas, expertos ponen en duda la coherencia de ambos eventos como posible catalizador para consolidar un Estado de Derecho                                                                                      

A un día de celebrarse los denominados comicios legislativos y otros tantos de iniciar la Consulta Popular liderada por Juan Guaidó, el debate público se centra en el posible impacto de ambas convocatorias políticas sobre la gobernabilidad democrática de Venezuela.

José Humbria –estudiante universitario– se abstiene a participar en unas elecciones parlamentarias “sin condiciones democráticas” y prefiere atender el llamado de la Asamblea Nacional. Entretanto, Raimundo Noel –abogado– confía en el voto como única herramienta para su reinstitucionalización. “Incluso, en las peores circunstancias políticas”, afirma.

El resto de la población venezolana, sin embargo, no vislumbra una solución factible a la crisis política en el país con ninguno de estos eventos. Tal como lo revela una encuesta de Datanálisis, más de 60% de los ciudadanos no respalda ni a la administración de Nicolás Maduro ni a la dirigencia opositora liderada por Guaidó.

Por su parte, los especialistas afirman que – independientemente del apoyo popular– ambas estrategias son inconcebibles para reconstruir el hilo constitucional en Venezuela, mientras exista una disputa hacia la legitimidad del Poder Ejecutivo.

Sin condiciones para celebrar los comicios legislativos

La inconsistencia democrática de la administración actual pone en jaque el proceso electoral legislativo. Así lo afirma Jaiber Núñez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, quien explica que, si bien cada opción tiene el derecho de plantear su propio camino, existen grandes conflictos en el sistema político venezolano.

De acuerdo con un estudio de la ONG Acceso a la Justicia, al menos 67 partidos políticos opositores fueron ilegalizados por el Consejo Nacional Electoral entre el año 2016 e inicios de 2020. En consecuencia, la oferta política quedó reducida a 21 partidos.

Ello sin contar que, en los últimos seis meses, la Sala Constitucional y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia intervinieron las juntas directivas de las organizaciones de mayor trayectoria y votación del país, como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y el Movimiento Republicano.

El Informe sobre las condiciones del proceso electoral parlamentario en Venezuela 2020 del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB reveló otras circunstancias inusuales tales como irregularidades en el cumplimiento de normativas del CNE, la desactualización del registro electoral y el ventajismo de los partidos oficialistas en la propaganda electoral.

Óscar Vallés, jefe del departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, coincide en que existen inconsistencias del sistema electoral que deslegitiman cualquier convocatoria. Pero asegura que los resultados de las elecciones parlamentarias sólo tendrán una real incidencia en la democracia, cuando exista “gobernabilidad democrática”.

Con este término, se refiere la capacidad de gestión pública del Poder Ejecutivo para resolver problemas de manera eficaz, a través del equilibrio de poderes y su reconocimiento por parte de la población. Un conglomerado de competencias que, a su juicio, carece el factor de poder que lidera Nicolás Maduro.

“Con un régimen autoritario que impone normas del juego, reprime toda disidencia y cualquier vía que se exprese, incluso de forma pacífica, viola garantías ciudadanas, viola los derechos humanos y es ineficiente en el manejo de recursos, no tendremos gobernabilidad democrática”, expresa.

 Consulta Popular

Este 5 de diciembre ­–un día antes de las elecciones parlamentarias– iniciará el proceso de la Consulta Popular impulsado por un sector de la oposición venezolana. Durante siete días, los venezolanos podrán expresar su opinión a través de la plataforma online o en uno de los 7.000 “puntos por la libertad” desplegados en el país.

El evento está planteado como un “vehículo” de presión que expresará la voluntad del pueblo venezolano, ante los frustrados intentos de convocar a un referendo consultivo o nuevas elecciones presidenciales con condiciones claras.

Sin embargo, Núñez advierte que su significado político va a estar definido por la participación de la ciudadanía. Así como por la hoja de ruta que promuevan los actores políticos, a raíz de los resultados del evento.

A juicio de Vallés, la consulta popular no producirá ningún tipo de tensión ni afectará la gobernabilidad democrática del régimen de Maduro, dado a que no existe. De igual manera, considera que Guaidó no tendrá ningún tipo de protagonismo, puesto que carece de facultades para impulsar un cambio.

“Lo que haga o deje de hacer Guaidó no va a generar una gobernabilidad democrática en el país, porque no depende de él. No existe ningún tipo de indicador que evalúe que en Venezuela se gestione un gobierno al margen del dominio del señor Maduro”, asegura Vallés.

Una estrategia coherente

Tras descartar ambos eventos políticos como opciones congruentes para aliviar la crisis del país, los especialistas evalúan nuevas estrategias.

Núñez asoma un acuerdo entre los principales actores políticos para trazar una ruta hacia la democracia venezolana. No considera que debería ser un pacto entre las partes de la oposición, sino incluir a un sector importante de quienes ejercen el poder al lado de Nicolás Maduro.

“La gobernabilidad requiere de una voluntad de conjunto para consolidar metas comunes. No digo que todos deben tener acuerdos en común, pero es lo mínimo para iniciar el camino hacia la democracia”, indica.

Vallés, por su parte, sugiere un proceso más complejo, que abarque la recuperación total de la capacidad de gestión pública del Poder Ejecutivo y sus instituciones.

“Cuando hablamos de gobernabilidad democrática, es muy poco lo que el poder legislativo, e incluso, el judicial, puede otorgarle a una nación. Tampoco es una alternativa que puede verse reflejada en unas elecciones o en una consulta popular. Se mide por la capacidad de gestión del Poder Ejecutivo”, concluyó Vallés.

 

 

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