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¿Cuál debería ser la actuación del Estado venezolano con los retornados?

FECHA: 04/09/2020
AUTOR(es): Alexa Vielma

Venezuela demanda acciones para atender de manera eficiente la crisis migratoria, que originó la pandemia. Expertos sugieren que el Gobierno debe abocarse a resolver la emergencia sanitaria, así como a diseñar una estrategia de atención para garantizarle el derecho a la salud y el libre tránsito a quienes regresan al país

La pandemia está obligando a muchos migrantes venezolanos a emprender el viaje de regreso. Sin trabajo ni dinero resulta insostenible su permanencia en tierras extranjeras. Migración Colombia calcula que más de 90 mil personas han retornado a Venezuela y la Defensoría del Pueblo de Perú contabiliza unas 31 mil. Pese a que los mueve la necesidad, el Estado venezolano les ha dado la espalda.

Gilberto salió de Venezuela a finales de 2017. La situación familiar, la falta de recursos económicos y la hiperinflación fueron razones que lo llevaron a emigrar a Perú. Comenzó trabajando como pintor, mesero, portero.  Oficios por los que recibía un sueldo por debajo del mínimo (271$) y a los cuales dedicaba más de 12 horas continúas.

El rechazo de los peruanos hacia los venezolanos no ayudó a su adaptación y Gilberto decidió planear su regreso. Lo que no esperaba era que una pandemia acelerara sus planes. “Ya yo tenía previsto devolverme a Venezuela”, cuenta. “Antes de la cuarentena, estaba trabajando en la administración de una cadena de locales de comida rápida. Pero al extenderse la emergencia, los propietarios prescindieron del personal y al no tener más ahorros para sostenerme, decidí retornar”.

Guerra a los “trocheros”

La llegada de unos 60 mil venezolanos provenientes de Colombia a mediados de junio generó rechazo en el Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro, quien los calificó de “irresponsables” por retornar a través de pasos ilegales y los culpabilizó por el repunte del coronavirus en el país.

“Están los ‘trocheros’ que vienen de Colombia y de Brasil de manera irresponsable con su país”, afirmó Maduro en una cadena. “Prefieres pasar por la trocha (paso ilegal) irregularmente y después contaminar como has contaminado a todo un país. De verdad, es indignante que haya personas que no valoren su propio país”, añadió.

Pocos días después, el Gobierno anunció que el ingreso de los venezolanos por las fronteras sería reducido a 400 personas y que el paso hacia San Antonio del Táchira, Arauca y Apure estaría abierto sólo durante tres días a la semana.

Nestol Reverol, desde el despacho de Interior de Justicia y Paz, aseguró que “no tolerarían a los trocheros” y que los venezolanos que retornen por “vías no oficiales” serían enviados a la prisión El Dorado. El funcionario aseguró que los retornados pasarían a ser juzgados por la ley de terrorismo y la delincuencia organizada, que establece penas de ocho a doce años.

Lo dicho por Reverol se extendió hacia otros mecanismos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció, a través de Twitter, que las personas tendrían a disposición un correo oficial para denunciar de forma anónima a los retornados. «Un trochero o una trochera infectado es un bioterrorista en tu sector que puede acabar con tu vida y la de tu familia», rezaba el mensaje.

Esa orden de prohibir u obstaculizar la entrada al país supone una violación del artículo 50 de Constitución vigente, que establece el derecho de los venezolanos al libre tránsito dentro y fuera del territorio. De ahí que la socióloga Claudia Vargas considera que el mensaje que está dando el Gobierno vulnera los derechos del retornado y promueve la violencia.

A su juicio, calificar a los migrantes de “karma, bioterroristas” fractura el tejido social, que funciona de soporte para los migrantes que vienen de regreso al país, y hace que los venezolanos se sientan ajenos a su propia tierra. “Lo que debería existir es una política pública adecuada de retorno. Sobre todo en esta coyuntura del Covid-19, porque ellos también son venezolanos”, enfatiza Vargas.

Política de retorno

Venezuela registra más de 46 mil casos de contagio y 386 fallecidos, de acuerdo con los datos publicados en la plataforma Covid-19 Patria. Muchos ponen en duda la veracidad de estos registros oficiales, pero lo cierto es que las cifras del Covid-19 van en aumento y el sistema de salud acumula años de colapso. Por tanto, los expertos sugieren que el Estado debe abocarse a atender la crisis sanitaria y a diseñar una estrategia de atención para garantizarle el derecho de la salud a los retornados, en vez de criminalizarlos.

Vargas piensa que el Estado debería conocer el estatus migratorio de quienes retornan y evaluar sus necesidades particulares para llevar un protocolo organizado que vele por los derechos de las personas. Aparte, considera que tendría que hacerse un seguimiento por parte de la autoridad sanitaria, para saber el estado de salud de cada uno y poder aislar a los infectados.

Las personas que no están contagiadas deberían ser enviadas a casa, con un seguimiento de la cuarentena.  En su opinión, la figura de los Puestos de Atención Social Integral (PASI) tendría que eliminarse o, en su defecto, vigilar que cumpla con sus obligaciones, porque, al no haber una categorización de los retornados, corren riesgo de contraer el virus y no ser atendidos de manera adecuada.

Según el informe “Espejismo del Retorno”  –realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab)–, este programa colapsó, porque no tiene cupos suficientes para la demanda de los retornados. Las personas están hacinadas en los albergues,  no tienen servicios básicos, atención de salud ni seguridad alimentaria.

Desde el punto de vista político, Rommer Ytriago –politólogo y especialista en política internacional– afirma que atender la crisis del Covid-19 en Venezuela pasa por llegar a un acuerdo entre ambos partidos, para generar políticas que atiendan la Emergencia Humanitaria Compleja.

Además, considera necesario que se cree una ley que regule el retorno del venezolano y le garantice la seguridad a la dignidad de la persona, para que pueda gozar de su derecho a la vida, a la salud y al libre tránsito.

Pedro Contreras ­–secretario de la subcomisión de la zona fronteriza de la Asamblea Nacional– añade que debería formularse una política integradora para que los organismos internacionales que protegen a los migrantes generen planes sostenibles y programas que atiendan la situación en la frontera, con la finalidad de garantizar los derechos a los venezolanos.

Refugiados no reconocidos

Existen cerca de 5 millones de venezolanos que han tenido que salir de manera forzada del país, según cifras de Acnur. Esta población podría ser considerada refugiada, según lo establecido en la Declaración Ampliada de Cartagena (1984), que otorga protección internacional a quienes huyen de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, los conflictos internos o utras circunstancias.

Sin embargo, ninguno de los países receptores –a excepción de Brasil que ha reconocido como refugiados a 46.000 venezolanos– se han apegado a las recomendaciones de este tratado internacional. “América Latina necesita políticas públicas que aborden el tema de la movilidad y migración en el continente”, comenta Vargas. “Los gobiernos de los países receptores están en la obligación de atender a su población migrante, garantizar su acceso a la salud, porque el virus no tiene discriminación. Los derechos humanos son para todos, indiferentemente de donde vengan”, agrega.

La pandemia lo que ha hecho es agravar la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos migrantes venezolanos. Tal como lo reseña el informe “El Espejismo del Retorno” –elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab)–, cerca de 90%, de los migrantes se ubica en el sector informal y, por tanto, depende del día a día para subsistir. De paso, muchos carecen de acceso a la salud pública, por no tener una condición migratoria regular en el país receptor.

Reconocer a los venezolanos como refugiados abriría la posibilidad a garantizarle sus derechos y garantías inherentes a la dignidad humana. Sin embargo, la última actualización del Informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2019 ahora encierra a los migrantes en la categoría “venezolanos desplazados hacia el extranjero”. Un hecho que, para algunos especialistas, podría jugar en contra, porque esta definición priva a los venezolanos de las condiciones especiales que estipulan los instrumentos jurídicos.

 

“Más allá de la categoría, es importante que Acnur y otras organizaciones sigan desarrollando planes que integren y respondan a los derechos de los venezolanos en otras latitudes”, enfatiza Contreras. “La migración no es un problema que concierne sólo a Venezuela. Ahora es un asunto de la región y debe solucionarse de manera regional”, agrega.

 

Escenario post Covid-19

Gilberto no pensó que el camino de regreso a casa sería tan complicado. Le tomó 15 días llegar hasta Cúcuta. En ese tiempo, pasó frío, hambre y mucha necesidad. Cuando por fin cruzó la frontera colombo-venezolana, se encontró en medio de un mar de gente y una alfombra de casas, carpas y ranchos alrededor de los puntos fronterizos.

“Tuve que caminar 5 kilómetros para agarrar un bus que pudiera trasladarnos. Los choferes nos decían que si nos llevaban podían acusarlos de estar traficando a personas”, cuenta. “Al llegar a Cúcuta, lamentablemente caímos en manos de las mafias, que nos querían cobrar por acelerar el proceso de ingreso. Te quitan dinero por los pasajes. Te cobran por todo”.

Giberto todavía no ha podido llegar a casa. Aún se encuentra esperando en un albergue, sin atención médica, en condición de hacinamiento y sin seguridad alimentaria. Así como él, muchos otros retornados están a la espera de poder cruzar la frontera.

Por los momentos, el tránsito de personas por el puente Internacional Simón Bolívar que une Venezuela con Colombia está completamente restringido, desde el pasado 21 de agosto. Una medida que no se sabe por cuanto tiempo se mantendrá. Lo que está por verse es qué pasará una vez que se levante la emergencia humanitaria y se abran las fronteras.

El informe “Espejismo del Retorno” plantea que en un escenario post Covid-19 se reactivará la salida de las personas de Venezuela, tan pronto se levante el confinamiento en los países receptores. Mientras ello ocurre, el Estado venezolano debe garantizar el derecho a los retornados. Al tiempo que los países receptores tienen que prepararse, porque, hasta que no se resuelva la crisis en el país, la migración de venezolanos seguirá latente en Latinoamérica y el mundo.

*El migrante que dio su testimonio para este reportaje está identificado con nombre ficticio a su pedido.

Con la edición de la periodista Mirelis Morales Tovar.

 

 

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