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Obstáculos a la Constitución: sobre legitimidad y eficacia

FECHA: 27/10/2020
AUTOR(es): Tadeo Arrieche F

La Constitución es un freno a quienes pretenden subvertir el orden del Estado y contrariar los derechos de los ciudadanos.

Desde el establecimiento del Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, descrito en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constan varios intentos de modificación al contenido de la Carta Magna, que de manera directa o indirecta cuestionan aspectos relacionados con la democracia.

En el año 2001, en el marco de una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, el Expresidente de la República Hugo Chávez, dictó 49 leyes. Tópicos desde lo institucional a lo económico se abarcaron en ese conjunto de normas, que despertó una ola de protestas en sectores económicos y sociales por entender que esa actuación formaba un “ejercicio arbitrario del poder que violentaba derechos consagrados, e iban en detrimento de las fuentes fundamentales de creación de riqueza.” (Vera, 2008, s/n)[i]

El entonces Presidente, presentó en el año 2007 ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional, con el ofrecimiento de un Estado Socialista, la reelección presidencial, la centralización del poder y la limitación de los derechos económicos, luego ampliado a otros aspectos como iniciativa conjunta con la Asamblea Nacional. Por vía del voto popular, a través de referendo la mayoría reprobó el contenido de la reforma constitucional.

No obstante, luego de haberse negado la totalidad del proyecto de reforma constitucional, nuevamente Hugo Chávez como Presidente de la República en el año 2009, propuso un cambio en la Constitución a través de la enmienda constitucional, esta vez impulsando la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular. Vía referendo esta vez la mayoría aprobó dicha enmienda.

Luego de una presencia mayoritaria de la oposición en la Asamblea Nacional a través del proceso de elecciones del año 2015, declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y el frustrado intento de convocatoria de referendo revocatorio presidencial pautado para el año 2016; en el año 2017 se conformó la autodenominada Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una cuestionada convocatoria y bases comiciales, con el fin de hacer modificaciones a la Constitución.

Esa Asamblea Nacional Constituyente a tres años de su instalación, en pleno desarrollo de la pandemia Covid-19, emite un texto denominado “Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos”, bajo el supuesto de contrarrestar los efectos de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela.

Vale acotar, que este texto surge ante las reediciones del Estado de Excepción decretado en Enero de 2016, que otorga poderes a quien detenta la Presidencia de la República para legislar materias en el campo económico – que originalmente son atribuidas al Poder Legislativo – y adicionalmente existe un Decreto de Estado de Alarma[ii], con motivo del Covid-19, para tomar medidas especiales justificadas en la pandemia. Ambas modalidades de excepción solo cuentan con el control del Tribunal Supremo de Justicia, obviándose la facultad que tiene la Asamblea Nacional en esa materia.

La narrativa anterior refleja cinco momentos dentro de las últimas dos décadas, que demuestran la incomodidad que representa la Constitución para el ejercicio de poder sin control y los elementos que se confrontan con el ánimo democrático, sin que la situación económica, social y política haya resultado provechosa para la sociedad en la actualidad.

Este último texto denominado “Ley Antibloqueo” constituye una declaración de orden político que centraliza el poder, con pretendidas facultades para resolver asuntos atinentes al campo de las políticas públicas, lo que podría realizarse sin necesidad de intervenir el ordenamiento jurídico vigente.

Es relevante como quedan en evidencia los mecanismos para mantenerse fuera del ámbito de control, de la típica pero fundamental relación de pesos y contrapesos que exige la democracia.

Una disposición transitoria que trata con preminencia al contenido de ese texto frente a las leyes, inclusive las orgánicas y especiales, aún las emanadas en función del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, lo que claramente contraría el contenido de los artículos 202 y 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La creación de escenarios selectivos de incumplimiento a la Constitución, atentan contra la Gobernabilidad Democrática en sus componentes de legitimidad y eficacia.

Entendida la legitimidad “como la capacidad de un poder (…omissis…) para obtener obediencia, en principio, sin necesidad de recurrir a la coacción la cual supone la amenaza de la fuerza…” (Solorzano, 2013, p.15)[iii], lo relevante es conectarlo con el carácter democrático de la Gobernabilidad.

El Estado, a través de sus instituciones y personas que la representan, son quienes pueden ostentar esa legitimidad que les viene dada por un proceso de reconocimiento de la sociedad que a la vez los confronta y obedece, en este último caso respondiendo a la razón y a los valores.

El asunto es que un texto con aspiraciones normativas -que no las tiene- que emerge de una entidad que no responde a los valores y tradiciones consustanciales con la democracia y adicionalmente cabalga sobre el establecimiento de un régimen de excepción a la excepción ya existente, implica la desaparición del Estado de Derecho.

Por otro lado, en cuanto a la eficacia se relaciona directamente con la respuesta de gobierno ante las demandas de la sociedad frente la carencia de los servicios que el Estado intenta prestar, por mera insistencia ideológica.

La declaración contenida en la denominada “Ley Antibloqueo” genera una expectativa en asuntos institucionales y económicos, sin que su contenido nada incida directamente en el cambio de estructuras en el campo de las políticas públicas.

Reitero que los ajustes se pueden producir sin necesidad de trastocar el ordenamiento jurídico, por lo que el componente de la eficacia en la Gobernabilidad actual responde a un asunto de voluntad política y de entendimiento de la situación que enfrenta la sociedad, ante la múltiple pero débil presencia del Estado, sin los resultados esperados.

[i] Vera, L. (2008). Venezuela 1999-2007. En Nueva Sociedad N° 215, Mayo-Junio 2008. Recuperado de https://nuso.org/articulo/venezuela-1999-2007/

[ii] Decreto Presidencial N° 4.160, de fecha 13/03/2020, Gaceta Oficial N°6.519 Extraordinario.

[iii] Solorzano, N. (2013). Sobre gobernabilidad democrática y legitimidad en el sistema político costarricense. Una mirada polémica. En Perspectivas Rurales. Nueva Época. Año 11. N° 21. Costa Rica. Recuperado de file:///C:/Users/tafab/Downloads/4923-Texto%20del%20art%C3%ADculo-10400-1-10-20130212.pdf

 

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