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¿Negacionismo, libre voluntad o derecho fundamental?

FECHA: 30/04/2021
AUTOR(es): Luis Petit Guerra

Históricamente la cuestión en favor o en contra de la existencia de distintos tipos de vacunas, ha divido a la sociedad. Nos lleva a reflexionar, si en condiciones “excepcionales”, puede darse tratamiento de una obligación estatal, en el sentido que puede imponerse por los órganos del Estado a los ciudadanos; o si en cambio, funciona como una facultad personal que opera dentro del rango de voluntad de cada uno[i].

En época de pandemia, este debate se hace más intenso y complejo, porque la libre determinación o autonomía de la voluntad en el ideario de la libertad individual aplicada al tema de la vacunación y el contexto covid-19 permite varias perspectivas.

Desde aquella posición en torno a cierto colectivo “negatorio” de la necesidad e incluso inconveniencia de las vacunas en cualquiera de sus formas (bajo el alegato de que son placebo, o en su caso, que son dañinas o que no están probadas sus usos y eficacia), otros que objetan la vacunación en razón de los intereses “capitalistas” detrás el negocio de los laboratorios y hay hasta quienes aducen teorías conspirativas (para negar la existencia del virus y sus reales consecuencias, bajo el argumento de que todo es fakes news).

Respecto de aquellos grupos proclives a “aceptar” las vacunas en pleno ejercicio de voluntad y autonomía, se encuentran aquellos que aceptan (cualquiera) de los tipos de vacunación existentes y otros que tienen algunas preferencias de clase o tipo; quedando ambos a merced de los criterios “políticos” de sus propios gobiernos (quienes son los que deciden el tipo de vacunación a implantar conforme criterios políticos en torno la contratación o preferencia del Estado con respecto al “proveedor” del tipo de vacuna).

En este universo, hay otro grupo que si bien son propensos a vacunarse, ocurre que en el caso del covid-19, mantiene serias dudas acerca de la eficacia y conveniencia por varias razones.

La falta de información y transparencia, junto a los temores en los efectos secundarios y su real eficacia, aunado a la “politización” de cómo ha venido manejándose esta materia en el concierto internacional –y nacional, sobre todo en caso de Venezuela-; complican la toma de decisión de cada uno de los “beneficiarios” de las vacunas.

Sobre la crisis de las decisiones y sus razones en el ámbito de la vacunación, Innerarity[ii] (2021) señala que:

“La proliferación de teorías de la conspiración y desinformación durante la crisis del coronavirus puede entenderse como reacción ideológica a una política dictada por la epidemiología y la virología de una manera que se hacía inatacable salvo llevándose por delante a toda la ciencia; lo que podrían haber sido unas protestas políticas se convirtieron en una demostración anticientífica; se trataba de la reacción contra una instancia supuestamente autorizada que pretendía dictar qué era real, racional y político”.

Que haya consenso o no entre aquellos que acepten voluntariamente y aquellos que no acepten la necesidad de vacunarse, nos lleva a otro colectivo. Aquellos que, por razones de edad, no pueden discernir en torno a este tema: Por ejemplo, los menores de edad, porque si bien sus padres tienen la representación legal para decidir si sus hijos “reciben” o no “reciben” las dosis de las vacunas; no siempre hay consenso entre padre y madre; en cuyos casos prevalece la cuestión de la sanidad pública y colectiva por temores de más contagios.

Esto explica el por qué, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recientemente decidió como “obligatoria” la vacunación para la población infantil, no solo en razón de su vida en cuanto a su salud, sino en beneficio de la sociedad como un todo[iii].

Llegados a este punto otra precisión: Respecto del resto del colectivo, el efecto de vacunarse debe formar parte de una «facultad» personal, por lo cual, todavía puede discutirse si puede imponerse o no a la fuerza como una «obligación» estatal (porque está en juego la integridad e intimidad personal de cada uno, frente la vida y salud de la comunidad).

Pero no confundamos la circunstancia en torno de si puede obligarse a las personas a vacunarse desde el Estado, con la real responsabilidad y obligación estatal de garantizar el ejercicio de un derecho.

De consiguiente, cada Estado debe ser «responsable» dentro del plan de políticas públicas para garantizar un proceso de vacunación transparente, orgánico y organizado. Que cada persona tenga la oportunidad de decidir sobre la conveniencia de aplicarse o no la vacuna y donde el Estado solo pueda establecer un control mediante una Administración pública eficiente en la aplicación de cada uno. En conclusión: no le está dado al Estado impedir la vacunación a causa de su discrecionalidad política.

Constituye una obligación del Estado garantizar y proveer un sistema de vacunación, que en contexto de pandemia, formaría parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la salud.

Al establecerse que forma parte del derecho fundamental a la salud; en consecuencia, deben existir los mecanismos para su inmediata exigibilidad de los ciudadanos a los órganos políticos. Principalmente al Poder Ejecutivo, porque conduce la acción de gobierno, tiene poderes especiales en los Estados de alarma y/o de Excepción, maneja el presupuesto en tiempos excepcionales, y está a la cabeza de todo el aparato estatal de la administración pública prestadora de servicios de sanidad y asistencia social.

Lamentablemente, en el caso de Venezuela la evaluación gubernativa es negativa si se compara con el resto de la región en la aplicación de vacunas[iv]; mucho peor, al querer controlar y centralizar este tema, al no permitir al capital privado adquirir de sus proveedores extranjeros para la comercialización de los distintos tipos de vacunas existentes en el mercado internacional.

“Politizar” un tema así de importante y urgente en la prestación de los servicios sanitarios para la colocación de las vacunas en forma pública, coordinada y transparente; es una clara violación al derecho de cada uno de disponer de bienes y servicios de calidad como lo postula el marco constitucional.

Mientras no existan jueces realmente independientes y autónomos donde acudir para exigir este tipo de acciones (jueces naturales designados en la forma constitucional por concurso público de oposición) ni cultura ciudadana de demandar al circuito gobierno-parlamento para la materialización de sus derechos; estamos en presencia cada vez más ante la desfundamentalización de los derechos fundamentales.

Al coincidir con las otras voces de que la vacunación debe entenderse parte del derecho fundamental a la salud[v]; significa que debe garantizarse en todo momento. El ejercicio de los derechos fundamentales no puede quedar en manos de la discrecionalidad de una élite dominante o mayoría coyuntural.

La ilegitimidad del gobierno y la ilegitimidad del parlamento; así como la desarticulada oposición política, están condenando a la sociedad civil a sufrir las consecuencias de una inexistente política de vacunación donde se impone la improvisación, el fanatismo y el fundamentalismo ideológico.

[i] Sobre el particular, Vid. Rueda, Mario. ¿Es obligatoria la vacunación? Un análisis jurídico al problema, Natura-Medicatrix, 1995-1996, pp.25-27. file:///C:/Users/Luis/Downloads/Dialnet-EsObligatoriaLaVacunacionUnAnalisisJuridicoDelProb-4989360.pdf

[ii] Iustel, Diario del derecho. Arrogantes y crédulos; por Daniel Innerarity. Diario El País, 12 de abril 2021. https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1210026&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=12/4/2021

[iii] Iustel, Diario del derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la vacunación infantil obligatoria, 9 de abril 2021. https://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1209970&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=9/4/2021

[iv] Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). COVID-19: Resumen de las principales medidas, acciones y políticas, http://www.sela.org/media/3219723/covid-19-resumen-de-las-principales-medidas-estados-miembros-sela.pdf

[v] Efecto cocuyo. Vacuna y política. Antonio José Monagas, 4 de abril 2021. https://efectococuyo.com/opinion/politica-y-vacuna/

 

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