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Independencia del Juez en la Venezuela de hoy

FECHA: 28/09/2021
AUTOR(es): María A. Gutiérrez

El país se va llenando de nefastas experiencias para los ciudadanos, la mayoría de ellas vinculadas de forma directa o indirecta con alguna decisión o actuación judicial. Hasta ayer eran las experiencias de otros, nos generaban empatías y solidaridad, hoy forman parte de la vida de todos.

El protagonismo que ha asumido el Poder Judicial en ese estado de cosas nos permite visualizar, tal vez ahora por su impacto en nuestras vidas, la importancia que reviste para el ciudadano común el tener jueces independientes que garanticen efectivamente la vigencia de sus derechos.

Según el principio de independencia judicial la actuación de los jueces debe estar liberada de toda dependencia u obstáculo externo o interno que pueda supeditarla a elementos ajenos al derecho. Su importancia primaria radica en que los demás poderes en el ejercicio de sus respectivas competencias, están sometidos al Poder Judicial cuando contravienen el ordenamiento jurídico y en virtud del control constitucional que ejercen sobre sus funciones, por lo que, los jueces para imponerle límites a ese poder requieren de la fortaleza institucional que les da su independencia frente a ellos que los habilite para tales fines de Estado.

Como parte de esas funciones frente al poder, la importancia de la independencia judicial “radica en el derecho de los ciudadanos a ser juzgados exclusivamente desde parámetros jurídicos, y concretamente desde el ordenamiento jurídico positivo y común en el que se inscriben sus actuaciones en cuanto ciudadanos” ([i]).

Esto refleja la importancia del Poder Judicial dentro de la ingeniería del Estado de derecho, ya que los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos, por lo que, “conforme los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura ésta debe ser garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país”([ii]).

Resulta de perogrullo, que sólo la existencia de tribunales imparciales e independientes pueden garantizar en último término el respeto a las leyes y el imperio de la justicia, y ello es así, en virtud que, como lo explica Wolfgagn Heyde ([iii]) “la fuerza real del derecho, el grado de justicia, libertad y orden, de amparo y fomento que pueden brindar, depende de la forma y manera de materializar el derecho por los operadores jurídicos.” Con esa materialización del derecho se estaría persiguiendo, en palabras de Weber, la creencia en la legitimidad, es decir, la creencia de que las reglas del sistema son las más adecuadas para la sociedad.

Ahora bien, la independencia judicial la hemos asociado siempre a una condición abstracta que debe tener un sistema sin que la vinculemos con una exigencia de la que depende la legitimidad de sus órganos. En efecto, la hemos visto más bien, vinculada con el ejercicio de un poder que los ciudadanos desconocen y sobre el que no tienen incidencia, de allí la poca importancia que desde los ciudadanos se le ha dado a esta institución.

La Constitución de 1999 quiso marcar un viraje fundamental en esa percepción diseñando un modelo de Estado Social de Derecho eminentemente garantista que vinculó al juez con lo social más que con lo jurídico-formal; de la efectiva concreción de ese Estado hizo depender su legitimidad como órgano actuante y su necesaria expansión a la legitimidad del poder que representa.

En el Estado Social, independencia y legitimidad se vinculan fuertemente. El fino hilo que las separa interactúa en la confusión de conceptos que, si bien disímiles definen la función, la califican.

Y ello es así, porque la independencia del juez no se agota en aspectos administrativos y estructurales, sino que un juez independiente debe tener también independencia e idoneidad en la formación sus criterios, libertad y capacidad para formarlos y utilizarlos al interpretar y aplicar la ley, en el entendido, además que la realidad social dentro de la cual se desenvuelve ejerce presiones que deben ser resueltas dentro del marco democrático.

Son muchas las aguas que han corrido hasta hoy luego de la entrada en vigencia de esa Constitución; el terreno en que se ha desenvuelto siguió sobre un proceso histórico-político sustentado en nuevas ideologías que se manifestaron subyacentes al proyecto político, vertido en la Constitución que polarizaron el país y que fueron decantando poco a poco las decisiones de la Jurisdicción Constitucional en apoyo a ese proyecto.

En un principio se vio como lógico y jurídicamente viable en virtud que los jueces debían ser parte de la construcción del nuevo Estado pero, es evidente, que eso planteó serios problemas cuando se percibió que el poder que la Constitución le otorgaba al “pueblo”, parecía utilizarse desde el contexto de una democracia sin limites que podía justificarlo todo.

Esa situación empeoró con el transcurso de los años perfeccionándose más bien un sistema de cooptación y de ideologización de todo el sistema judicial que incidió en el Estado de derecho.

Actualmente, el país sufre una crisis humanitaria compleja que se percibe en la ausencia de garantías y disfrute efectivo de los derechos fundamentales. Tal vez, las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en su informe de julio 2019, abrieron el camino para percibir claramente el rol protagónico que ha tenido el Poder Judicial en la grave afectación de la calidad de vida y los derechos de los venezolanos y en la debacle institucional del país a punto de haber puesto en jaque el Estado de derecho, ya que como lo ha señalado en ese informe “el poder judicial venezolano ha sido parte de la política de persecución del gobierno” ([iv]).

La sociedad civil así lo ha develado también cuando advierte, que “el incremento de la impunidad y la violación de derechos humanos, así como, la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país son algunas de las consecuencias del deterioro del sistema de justicia ([v]).

En el Informe de la Alta Comisionada la crisis que vive el país es descrita como de carácter humanitaria compleja y multidimensional que afecta a todos los niveles de la sociedad en distintos ámbitos. Ese Informe destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Mas grave aún, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad, según el informe de la Fiscal de la Corte Penal Internacional del 14 de diciembre de 2020 ([vi]), cuya competencia complementaria posiblemente asuma esa Corte.

Una institución que siendo garante de tales derechos, en medio de señalamientos corrupción, ([vii]) contribuyó al desmantelamiento del Estado de derecho, lo que fue permeando en toda la estructura del sistema de justicia; ya no sólo las decisiones del máximo Tribunal que en ocasiones son compatibles con las políticas del régimen, sino que los tribunales en sus distintas jurisdicciones le es difícil sustraerse de esa voluntad ideológica con la que se dirigen los destinos del sistema.

En informe reciente de la Comisión Internacional de Juristas de este Junio 2021 ([viii]), además de describir los distintos mecanismos con que se socaba la independencia judicial en nuestro país, se describe la violación de los derechos humanos y vulneración de las libertades fundamentales por parte de los mismos jueces, siendo ésta, tal vez, la más grave de las tragedias de un país.

Esto tiene implicaciones importantes en la dinámica del Estado pero también, y esencialmente, ello toca de manera directa al ciudadano que se ve privado de verdaderos órganos de garantía, por lo que, donde no hay jueces independientes no hay juez natural y los ciudadanos quedan totalmente expuestos frente a la violación de sus derechos.

Para rescatar esa independencia perdida y permitir que el juez se legitime desde la efectiva materialización de los derechos consagrados en la Constitución, urgen necesarias medidas para la despolitización del Poder Judicial y el establecimiento de mecanismos autónomos e independientes tanto para la selección y designación de los jueces, como, para su disciplina y respectiva rendición de cuentas, que garanticen igualmente sus derechos.

Esto pasa por el restablecimiento del Estado de derecho ya que lo ocurrido al Poder Judicial no constituye una deficiencia del sistema, sino la existencia de un Estado fallido en el que la institucionalidad fue dejando de existir de forma paulatina.

([i] ) Ricardo Pinilla Burgos: “Autonomía moral e independencia judicial. Consideraciones a partir de Kant”, en Norbert Lösing. “Independencia y función del Poder Judicial en el Estado Democrático de Derecho”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano Año XVII, Montevideo, 2011, pp. 413-427, issn 1510-4974, p. 414. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27656.pdf

([ii]) Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Disponible en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx.

([iii] ) Wolfgagn Heyde. “La jurisdicción”, en Norbert Lösing. op.cit. p. 415.

([iv] ) En https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ven-i-spa.pdf

([v] ) La Transición Democrática en Venezuela. Reflexiones y propuestas desde la Sociedad Civil. Caracas, Junio 2020. p.7. Disponible en  https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2020/07/Transici%C3%B3n-democr%C3%A1tica-Venezuela.pdf

([vi] ) En https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2020-PE/2020-pe-report-ven-i-spa.pdf

([vii] ) Ver en Fernando Fernández. El Estado como botín. Paz Activa. Caracas. 2017.

([viii] ) C.I.J. Jueces en la Cuerda Floja. Junio 2021. Disponible en https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/06/Venezuela-Judges-on-the-tightrope-Publications-Reports-[viii]Thematic-reports-2021-SPA.pdf.

 

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