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El riesgo de los apátridas

FECHA: 07/09/2020
AUTOR(es): María Gabriela Cárdenas N.

Cada día son más los venezolanos que dentro y fuera del país se ven impedidos a acceder al pasaporte, que por derecho les corresponde obtener de parte del Estado Venezolano, impidiendo de esta forma sus posibilidades de salir de Venezuela, movilizarse entre países, vulnerando su derecho a la nacionalidad y el reconocimiento de esta por parte de otras Naciones, con diversas consecuencias jurídicas incluyendo la que abordaremos desde la perspectiva de la movilidad.

De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la nacionalidad es “… el derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado constituye según el Derecho Interno y el Derecho Internacional” (Lepoutre, Stephanie y Riva, Ariel, 1988, p.4)[i], que faculta al ejercicio de derechos constitucionales, civiles y políticos, lo que permite ser titular de un pasaporte como documento de identidad que lo distingue, como miembro de esa comunidad frente a otros Estados.

Es considerado como apátrida “toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme su legislación” (Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Año 1954, pág.1)[ii], lo cual se puede configurar ante la ausencia de este documento por causa de origen (porque al momento de su nacimiento, no es reconocido por el Estado como un nacional) o por causas de hecho (prácticas administrativas, desnacionalización, renuncia, entre otros).

En el caso venezolano, la negativa de las autoridades a la entrega de pasaportes o su renovación estarían dadas por anulaciones discrecionales, razones políticas, retardos injustificados o cobro de tasas excesivamente onerosas,  lo que constituye una denegación a una parte esencial  del vínculo entre cada sujeto y el Estado, cercenando además, derechos constitucionales como el de libre tránsito o el derecho a la familia, contemplados en los artículos 50 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo anterior, aniquila casi por completo, la posibilidad de los residentes en Venezuela a salir del país, conforme a sus expectativas, pues no se puede tomar un avión sin pasaporte; conminando solo a los más fuertes a una travesía por caminos peligrosos e ilegales, pulverizando el deseo o necesidad de muchos hijos en el extranjero, de regresar a casa a visitar a sus padres o que sean éstos, los que sumado a los requerimientos de cada país, puedan hacer lo propio.

Si bien una gran cantidad de Venezolanos en el exterior se han visto beneficiados con medidas adoptadas por su país de residencia, que permiten el uso de este documento de identificación aún vencido, tal circunstancia no es ilimitada ni para todos los casos,  pues en el caso chileno, sólo se reconocerán los pasaportes vencidos después del 2013 por un período máximo de dos años desde la publicación del aludido acto administrativo, lo cual se emitió por resolución.

Solo se reconocen pasaportes vencidos después del 2013, porque a partir de septiembre de ese mismo año, se dio inicio a un nuevo sistema de identificación electrónico y biométrico, el cual no es compatible –por razones de seguridad- con otros instrumentos emitidos en fecha previa y para aquellos venezolanos cuyo pasaporte vence en fecha posterior, sólo podrán hacer uso de los mismos,  hasta el 17 de abril de 2021 o la fecha posterior de su vencimiento.

Así que para algunos connacionales desde septiembre del 2013 y para otros en abril de 2021, al momento de la aplicación de esta normativa interna por parte del Estado Chileno, el pasaporte como documento que vincula jurídicamente a cada ciudadano con la República Bolivariana de Venezuela quedará sin efecto y se perderá un aspecto esencial de la nacionalidad, como es el derecho a ser reconocidos frente a Estados extranjeros, convirtiéndonos de hecho, en apátridas.

Tal circunstancia abre las puertas a la contextualización de una situación nunca antes vista en Latinoamérica (que un país niegue documentos de identidad a sus nacionales) pero claramente tratada a nivel internacional, a raíz de la Segunda Guerra Mundial a través de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y  la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961; que en muchos casos permite un documento de identidad para extranjeros que se encuentren en esta situación, siendo éste reconocido por otros Estados.

Aun cuando Venezuela no es un país signatario de tales Convenciones, actualmente estas disposiciones son reconocidas por 91 países, en su mayoría latinoamericanos. Chile se adhirió en abril de 2018 pero desde el 2002 reconoce la apatridia, modificando así, el Reglamento de Pasaportes Ordinarios, y de Documentos de Viaje y Títulos de Viaje para Extranjeros, a los fines de exponer en su artículo 11, que se podrá otorgar documento de viaje al exterior a personas consideradas apátridas, el cual tendrá una vigencia de dos años.

La valoración del problema de los venezolanos sin pasaporte reconocido –al menos los que están en el exterior- como un caso de apátrida, permitirá de acuerdo a las legislaciones de cada país, restablecer en un principio, Derechos Humanos fundamentales de movilidad de gran parte de nuestros connacionales, sin olvidar que aun necesitamos alternativas tangibles para los que siguen –sin poder salir- en Venezuela.

[i]  Lepoutre, Stephanie y Riva, Ariel (1998). “Nacionalidad y Apatridia rol del ACNUR”. ACNUR Buenos Aires.  Recuperado de https://n340.org/txt_n340/downloads/20_0173.pdf

[ii] Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas. (1954) Artículo 1. Pág 1. Recuperado de

 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0006.pdf

Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Recuperado de  https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf

Decreto 415 del Ministerio de Justicia de Chile dictada el 02 de mayo de 2002. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=16550&idVersion=2020-02-01&idParte=

Informe del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos. (2019)  La crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, pág 8. Recuperado de  http://www.oas.org/documents/spa/press/OEA-informe-migrantes-venezolanos-espanol.pdf

Resolución 2087 Exenta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile dictada el 18 de abril de 2018. Recuperado de https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1130740&idVersion=2019-04-22&idParte=

 

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