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¿Trabajo, servicio o emprendimiento? El cambio laboral

FECHA: 26/11/2020
AUTOR(es): Carol Jiménez

Actualmente el salario mínimo oficial en Venezuela es de Bs. 400.000,00, que corresponde a menos de US$ 0,50, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela – a la fecha de redacción de este artículo- y la proyección de aumento es de Bs. 1.200.000,00, según investigación de Acceso a la Justicia,[i] lo que no constituye una mejora significativa, ante los índices de precios de bienes y servicios en el mercado venezolano.  

Ante una contracción económica que supera los 7 años que se refleja en una permanente pérdida de poder adquisitivo para los venezolanos, el enfoque del empleo traspasa la barrera si el Estado o el sector privado remunera mejor a los trabajadores.

El Covid-19 trajo cambios en la economía, aunado a nuevos modos de producir y comercializar con la presencia de la digitalización. En un escenario postpandemia, Venezuela requiere revisar el andamiaje laboral para fijar conceptos y plasmar modificaciones que estimulen la productividad, adaptándose a lo que demanda una nueva dinámica.

Es probable que las reformas se consideren dolorosas, porque tocan tejidos sensibles de un modo de vida al que la gente se ha acostumbrado (Buhigas, 2009)[ii] sin embargo, no debe traducirse en inseguridad en las relaciones laborales si no por el contrario una esperanza a la transformación empresarial y un incentivo para la fuerza laboral.

¿Hacia dónde nos lleva la inamovilidad?

Desde hace casi dos décadas se renueva el decreto de inamovilidad laboral dictado en el año 2002[iii] por el expresidente Hugo Chávez. Al inicio del Estado de Alarma en el país a raíz de la pandemia por el Covid-19, se dictó un nuevo decreto de inmovilidad laboral para todos los trabajadores públicos y privados.

La inamovilidad constituye una garantía de aquellos trabajadores designados por ley, que impide su despido, traslado o desmejora de la relación sin una causa justificada o calificada por la autoridad respectiva.

Para el economista Homero Gutiérrez[iv], la garantía recientemente decretada sólo estaría dirigida al 25% de la fuerza laboral, en vista que el 47% de la población se considera informal, por no contar con un marco legal. Otro 14% aproximadamente está representado por la administración pública venezolana, que está amparado en regímenes generales o sectoriales que protegen la estabilidad de la carrera administrativa.

Todo este esquema resulta ineficaz, que en tiempos de crisis impide la reducción de costos por parte de las empresas y no las incita a la contratación temporal, generando a largo plazo el cierre de la empresa y la merma de empleos.

Eliminar temporalmente esta garantía puede conllevar a que empleador y trabajador se adapten al mercado, a través de contrataciones por proyectos concretos o de periodos cortos de duración, con miras a captar talento por parte del empleador y desarrollar el potencial del trabajador.

Horario flexible

La jornada de trabajo siempre se encuentra dentro del discurso de la defensa de los derechos laborales. Hoy ya no se trata de tener jornadas de menos horas laborables.

El teletrabajo dejó de ser una excepción, en virtud que el confinamiento estableció el trabajo remoto que va conectado con la noción de horarios flexibles y con menos presencia en las sedes operativas de empresas o despachos públicos.

Al margen de la demanda de un mejor servicio de electricidad y conectividad, la digitalización es una herramienta esencial para mantener a la economía en movimiento; y con ello resguardar las ocupaciones de las personas y así obtener los ingresos necesarios.

Eventualmente los ingresos obtenidos por un trabajo o prestación de servicio, no estarán claramente relacionados a las horas de una jornada específica, sino a las habilidades de la persona para el impulso de la productividad y el rendimiento.

Menciona Riera (2020) que en la pospandemia “se va a tender a priorizar los resultados del trabajo por encima del cumplimiento de una jornada estricta. Se ha producido un cambio de mentalidad que ya anunciaba el potencial de la red.” (Yoldi, 2020).[v]

 Formalización de emprendimientos

El surgimiento de emprendimientos en Venezuela es constante, sin embargo no escapan a los retos del común denominador del sector empresarial, que FEDECÁMARAS circunscribe a los siguientes aspectos: i) el aumento de la propiedad estatal de medios de producción; ii) la centralización y control de la actividad privada mediante la creación de organismos reguladores, trámites legales, y normas que tratan de sustituir decisiones operativas como la distribución de productos; iii) el irrespeto por los derechos de propiedad; y iv) la disminución de la seguridad jurídica.[vi] 

Cada una de estas circunstancias sumadas a la falta de impulso crediticio por parte de la banca venezolana y la dañina hiperinflación – y devaluación – que acecha desde hace más de 3 años a la sociedad venezolana, dificulta el emprendimiento.

El paso de dejar la figura laboral para constituir una pyme, no encuentra sincronía en la madeja de regulaciones legales y económicas que aún subsisten en medio de una economía centralmente planificada.

Desde el año 2011 la Comisión Europa elaboró un plan de acción para que las instituciones financieras europeas aumentaran sus operaciones relativas a las pymes, cuyos resultados se han apreciado en los últimos años gracias a la concesión de préstamos, garantías y capital de riesgo para ellas. (Gouardères, 2020).[vii]

No obstante, a las pequeñas y medianas empresas también se les puede apoyar de manera no financiera, mediante la discusión de las mejores formas para su internacionalización y la implementación de medidas que fomenten la competitividad frente a las grandes empresas. 

Los aspectos tratados sólo reflejan elementos para flexibilizar las relaciones laborales, sin eliminar los derechos laborales ni los contratos que las consagran.

La redimensión de la fórmula de ocupación de las personas en el mercado, es esencial para estimular la formalidad y la producción, como catalizadores del crecimiento económico necesario para Venezuela por la situación pre pandemia, profundizada por el Covid-19, ya sea dentro de un nuevo enfoque de las relaciones laborales o entrando en el mundo del emprendimiento.

[i] Acceso a la Justicia [AccesoaJusticia] (2020, noviembre 11) “El régimen aumentó «de hecho» el salario mínimo a Bs 1.200.000, sin anuncio oficial o publicación en Gaceta Oficial.” [Tweet] Recuperado de: https://twitter.com/AccesoaJusticia/status/1326541072126783492

[ii] Buhigas, C. (2009). Regeneración laboral y social en Europa: valorando una década de reformas (ARI). Real Instituto Elcano. Recuperado de: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido/

[iii] Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°37.472 fecha 26 de junio de 2002, decreto N°1.833 fecha 26 de junio de 2002.

[iv] Venpaís (2020, septiembre 24). Gobernabilidad democrática y libertad económica [Archivo de video] Recuperado de: https://youtu.be/Pjc12-AiFJQ  

[v] Yoldi, M. (17 de junio de 2020). La flexibilidad en las relaciones laborales, una consecuencia de la pandemia. El País. Recuperado de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/16/extras/1592320245_535215.html

[vi] Fedecámaras (2019). Propuestas: Una aproximación para la transición. Actualidad empresarial, 6 (6), pág. 15. Recuperado de: https://www.fedecamaras.org.ve/wp-content/uploads/2019/11/Actualidad-Eempresarial-75-FEDECAMARAS.pdf

[vii] Gouardères, F. (2020). Las pequeñas y medianas empresas. Parlamento Europeo. Recuperado de: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/63/las-pequenas-y-medianas-empresas

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