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COVID-19, desigualdad y el sector privado en Venezuela.

FECHA: 07/05/2021
AUTOR(es): Hilmer Barrios R.

Ha transcurrido más de un año desde que el COVID-19 tomó por sorpresa al mundo entero y aún sus efectos siguen siendo trágicos e insospechados.

Las vacunas asoman esperanza y optimismo en algunas latitudes, mientras que en otras resaltan desigualdad, retroceso e incapacidad – también irresponsabilidad – en la gestión del sistema de salud y las finanzas públicas.

Desde importantes organismos, comisiones regionales y centros de investigación se publican pronósticos, estudios cualitativos y cuantitativos respecto a las consecuencias del COVID-19, acceso a las vacunas y demás datos de mucha utilidad. En tal sentido, destacan los estudios emanados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”), en los que, entre otros aspectos, se afirma que “…el análisis de los efectos económicos y sociales de la pandemia en la región pone en evidencia el enorme desafío en materia de políticas macroeconómicas, sociales y productivas que deberán desplegarse para llevar adelante un proceso de reactivación poscrisis…” [1].

Asi mismo, el Covid Performance Index [2] publicado en marzo 2021 por Lowy Institute identifica los países que han sido más eficientes en la atención del COVID-19 y sus efectos colaterales (se evalúan 102 países), encontrándose en los cinco primeros puestos Bután, Nueva Zelanda, Taiwán, Tailandia, Chipre y en los últimos lugares (por menos eficientes) Ecuador, Argentina, Colombia, México y Perú (Venezuela no es considerada en ese índice).

Investigaciones como las comentadas sirven de referencia y orientación en el caso de los países que buscan optimizar su sistema de salud, pero en otros denotan falencias que no se pueden ocultar ni justificar.

En el caso de Venezuela, la situación angustiante se agudiza día a día, pues, la lenta capacidad de respuesta a la emergencia producida por el virus confirma las debilidades del modelo aplicado en el sector salud.

Los recursos económicos – cuantiosos por demás – que se “destinaron” a la salud y los supuestos beneficios de los intercambios de barriles de crudo por recursos aplicados a la medicina no lograron su objetivo.

Del lado de un sector opositor, se incurren en errores en lo atinente a una sana gestión de las finanzas públicas, ante la falta de autoridad para administrar la cosa pública. La intención de direccionar el suministro de vacunas no justifica el que los recursos económicos que se destinen a tal efecto pierdan su condición de fondos públicos (cuando así lo sean) y se desconozcan los principios previstos en la Carta Magna y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, entre otros, el de la unidad del tesoro, así como transparencia y control en la ejecución del presupuesto público.

Al fracaso del modelo para gestionar un sector salud robusto y digno se adiciona las sanciones unilaterales que condicionan las acciones que se pueden tomar, lo que compromete el mandato constitucional que prevé que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida…” [3].

Es así como a los problemas políticos, sociales y económicos, que en buena parte se refleja en el alto nivel de desempleo (y lo que le resulta conexo), se le sumó la variable COVID-19, lo cual se traduce en la quiebra económica de muchos venezolanos, tal como lo señala el premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, en un plano general, al mencionar que: “Los dos principales impedimentos para que un individuo cumpla sus aspiraciones económicas son la pérdida de su empleo y una enfermedad. Las dos cosas juntas forman una combinación mortífera, a menudo asociada con la bancarrota personal…” [4].

En tal sentido, los países que han podido administrar con cierta solvencia la crisis generada por el COVID-19 no lo han hecho por la sola existencia de un plan de vacunación, sino porque su sistema de salud tuvo una capacidad de respuesta eficiente y oportuna, por ejemplo, Australia (ubicado, no por casualidad, en el puesto 9 del Covid Performance Index).

En Venezuela ante la ausencia de un sistema de salud eficiente y un plan de vacunación transparente, en marzo del año en curso, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (“FEDECÁMARAS”), hizo público una propuesta para lograr la vacunación anti-covid-19 que contemplaba un primer lote de 6.000.000 de dosis, de las cuales, según expresaron, 20% estaría destinado a sectores más vulnerables determinados por el Ejecutivo Nacional.

No existe una respuesta por parte del gobierno a la propuesta de FEDECÁMARAS, probablemente fundamentada en que aún no existen “incentivos” suficientes para que el gobierno asuma el “coste político” que derivan de una iniciativa como esa.

La propuesta en comento beneficia a un porcentaje pequeño de la población (entendemos por la capacidad económica limitada del gremio en cuestión), sin que quede cubierta el resto de la ciudadanía que quiere y merece ser vacunada. Esta situación evidencia la desigualdad en el orden económico y social.

Sin embargo, ese esquema propone como solución mancomunar esfuerzos, público y privado, para, con ello, diseñar y ejecutar un plan de vacunación que beneficie a toda la población. Sin embargo, esa opción parece estar en una revisión de difícil aceptación para el gobierno. ¿Por qué no aprovechar en beneficio público los conocimientos, la organización y las relaciones del sector privado?

En todo caso, a la fecha esa posición negativa no hace más que exacerbar la eventual importación privada de medicinas y equipos médicos a los que muy pocos tienen alcance.

Definitivamente, el desprecio por el sector empresarial y la pésima administración de los recursos públicos no hacen otra cosa que comprometer a varias generaciones futuras cuando se encuentran desprovistos de un acceso real a la salud. Despilfarrar miles de millones de dólares y asumir el endeudamiento público como fuente de ingresos ordinarios, sin duda, sacrifica el porvenir de muchos. Al respecto, Martin Shubik afirmó que: “El problema de financiamiento por deuda, o por impuestos, podrían influir en las proporciones de la inversión pública y privada, y hacer surgir dudas respecto a la equidad entre las generaciones.” [5].

Igualmente, debe reconocerse – que en el ámbito de la vacunación – la participación del gobierno siempre será necesaria, pues, la autogestión del mercado no es verdad que todo lo puede. Recordemos que, “…cuando pensamos en innovación, pensamos en Apple, Facebook, Google y una serie de empresas que han cambiado nuestras vidas. Pero entre bastidores está el sector público: el éxito de esas empresas, y de hecho la viabilidad del conjunto de nuestra economía, depende enormemente de un sector público que funcione adecuadamente.” [6].

La realidad exige acciones en el corto (vacunas), mediano y largo plazo (sistema de salud sólido, eficiente), y probado está que no serán oportunas ni suficientes sin la participación conjunta (mixta) del sector público y privado.

Al respecto, especial atención merece el caso del Reino Unido en donde la comunión pública – privada fue determinante. Así, en un estudio de DHL se enfatiza que “Como parte del «VentilatorChallengeUK», más de dos docenas de empresas, incluyendo a algunos fabricantes de vehículos de primera línea, se pusieron a construir respiradores…Es importante construir una red de alianzas previa a una emergencia sanitaria global, para así poder implementar una respuesta oportuna y efectiva” [7].

En fin, los pronósticos, análisis cualitativos y cuantitativos pueden o no atenderse, es opcional. Pero garantizar el derecho a la salud es una obligación que el Estado debe atender indefectiblemente atendiendo el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, siendo esencial la participación del sector privado.

[1] Bárcena, Alicia y Cimoli, Mario. Asimetrías estructurales y crisis sanitaria: el imperativo de una recuperación transformadora para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Revista CEPAL, edición N°132 – El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe, diciembre 2020, p.44.

[2] https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid-performance/

[3] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 83. “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.”

[4] Stiglitz, Joseph E. El precio de la desigualdad. Editorial Taurus, Caracas, 2013, p. 342

[5] Shubik, Martin. Economía Política: un enfoque desde el punto de vista de la Teoría del Juego. Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1992, p. 591.

[6]. Stiglitz, Joseph E. El precio de la desigualdad…pp. 144-145.

[7] DHL. Aportando resiliencia ante la pandemia. Cómo asegurar cadenas de suministro estables para vacunas y material sanitario durante la crisis del COVID-19 y en emergencias sanitarias futuras. DHL Research and Innovation GmbH, Bonn, septiembre 2020, p. 23.

 

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